La Fiscalía de Perú ha abierto una nueva investigación a la presidenta del país, Dina Boluarte, en relación a una supuesta reunión con la ex fiscal del Estado, Patricia Benavides, que habría derivado en la comisión de un delito de cohecho por parte de la mandataria.
Tras dos semanas de procedimientos preliminares, Boluarte ha sido llamada a prestar declaración el próximo 9 de octubre por una presunta petición que Benavides le habría hecho para no dar de baja al entonces comandante general de la Policía Nacional de Perú (PNP), Raúl Alfaro. Una demanda que la presidenta habría desoído, sustituyendo a Alfaro por Jorge Luis Angulo.
"El Ministerio Público dice que hay cohecho pasivo impropio porque la fiscal Benavides le pidió a mi clienta no dar de baja al general Alfaro. Sin embargo, la presidenta no hace eco a ninguna exigencia", ha explicado el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, en declaraciones recogidas por el diario 'El Comercio'.
A este respecto, Portugal ha aseverado que "la reunión existió y está probada". "Pero la consecuencia es que la mandataria no hizo lo que supuestamente le dijo la ex fiscal de la Nación y su reacción fue denunciar a mi defendida por el delito de genocidio", ha apostillado.
El gobierno de Perú anunció en marzo de 2023 la destitución de Raúl Alfaro como comandante general de la Policía Nacional tras darse a conocer supuestos vínculos con Jorge Hernández, alias 'El Espa?ol', investigado por liderar una presunta trama de espionaje encabezada por el expresidente Pedro Castillo.
En ese contexto, el Ejecutivo consideró que el comandante general se encontraba inmerso en una situación de "conflicto de intereses" que hacía "incompatible" el desempe?o de sus funciones al frente de los cuerpos de seguridad peruanos.
El despido de Alvarado llegó apenas un día después de que el Gobierno de Dina Boluarte anunciase el reemplazo de otros ocho generales de la Policía por su gestión de las protestas ciudadanas que, desde hacía varios meses, azotaban el país en busca de la dimisión de la mandataria y la convocatoria de nuevas elecciones.

Fuente: La Jornada